Durante estos casi 5 años se han logrado importantes resultados respecto de su conservación y uso, mejorando coordinación con las autoridades, destacando la cohesión del grupo que forma este Consejo, que se ha fortalecido y enriquecido producto de la diversidad de los actores y de las ganas de trabajar y aportar que han manifestado desde su nicho.

Este año nos vimos enfrentados a un receso, debido al cambio de gobierno y a la voluntad de este para la continuidad del CCA. Sin embargo, se ha logrado un primer acercamiento con las nuevas autoridades donde nos plantean su apoyo para seguir avanzando, sin duda algo fundamental para el funcionamiento de estas iniciativas que buscan concretar actividades que complementen la conservación, el turismo y el desarrollo productivo.

Este Consejo debiera ser un ejemplo para las distintas mesas que se forman para trabajar por el desarrollo sustentable de nuestros bosques nativos y la gente que vide de ellos; y ser por sobre todo un apoyo para la anhelada Mesa Forestal de la Región de Los Lagos, con la participación permanente de la AIFBN, institución que trabaja y coordina esfuerzos en el desarrollo sostenible del sector forestal para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas vinculadas a los bosques nativos.

La AIFBN, como organización no gubernamental interesada en el cuidado de los bosques de Chile en una perspectiva no sólo de protección de nuestros recursos naturales y de nuestros bosques como entes altamente merecedores en sí mismos de ser protegidos, sino también muy importantemente, con una mirada socio-económica de desarrollo equilibrado del país en su conjunto en el presente y para el futuro, siente que tiene la obligación de mostrar a la comunidad nacional y al Estado que la conduce, su visión del sector forestal inserto en el conjunto de sectores que constituyen la nación.

Siempre es importante para analizar el presente y avizorar el futuro, mirar al pasado y tratar de hurgar en lo bueno y en lo malo de él, para extraer las experiencias más positivas. Analizando nuestro pasado, los miembros de la Agrupación creemos que mucho de lo malo estuvo en que perdimos la capacidad que nos había caracterizado, de mantener posiciones filosóficas y políticas muy diferentes u opuestas, y ser capaces de discutirlas vehementemente, nunca violentamente, y continuar siendo amigos. Eso se perdió y determinó la pérdida del alma de la nación que se produjo en los últimos 33 años y que cuesta mucho recuperar. Parte de lo bueno estuvo en que se logró tener claro un objetivo nacional de desarrollo del país y de su gente, que no consistió sólo en frases y discursos que lo mostraban, sino que en acciones concretas del Estado para todos los chilenos. Ello tuvo su mejor expresión en las ejemplares empresas creadas por CORFO, como Endesa quizás como el ejemplo más destacado. En el ámbito forestal se inició un proceso de reforestación significativo de áreas abiertas y degradadas que permitió la creación de grandes empresas públicas madereras y de celulosa de y para todos los chilenos, dígase Forestal Arauco, Nacimiento- Laja, Celco Constitución, como claros ejemplos.

Pero en los años 80, durante la dictadura militar, se inició el proceso privatizador de las grandes empresas que logró, sólo en 5 años (1985-1989), que el Estado se deshiciera de 30 grandes empresas, con una pérdida de más de 570 mil millones de pesos (pesos al año 2000). Gran parte de esas grandes empresas fueron cambiando de manos pasando finalmente a grandes consorcios internacionales. A pesar de las enormes pérdidas que ello ha significado para el país, se ha logrado convencer a muchos del beneficio de las privatizaciones como mejor forma de desarrollo. Las grandes empresas forestales y las grandes plantaciones fueron pasando a manos privadas y concentrándose en los grupos Angelini y Matte, poseedores hoy día de imperios económicos que los ubican entre las personas más ricas del mundo (véase Revista Forbes). El grupo Matte tiene el mérito de haber sido la única empresa privada desde su creación. Las demás habían sido todas creadas por el Estado de Chile con el esfuerzo y la voluntad de todos los chilenos.

No es novedad lo que han significado para Chile estos dos gigantes. Lo realizado por estos grandes grupos económicos representa exactamente el gran crecimiento económico de que muchos se sienten ufanos, pero no muestra, más bien enmascara, el subdesarrollo propiciado por este sistema que produce tanta riqueza y tanta injusticia y desigualdad, que desconcierta a muchos más. Sumándose a las demás grandes empresas han contribuido a crear una macroeconomía descollante, pero niveles de desigualdad social también descollantes, y una sustitución enorme de bosques nativos por plantaciones de exóticas en la forma de monocultivos, que ha empobrecido y expulsado de sus tierras ancestrales a la gente que vivía en y de esos terrenos hoy plantados, provocando al mismo tiempo un deterioro del paisaje y de los factores del medioambiente, entre ellos muy importantemente el agua, que no han sido clara y públicamente dados a conocer.

Los fuertes impactos (positivos y negativos) nacionales, regionales y locales que ha generado la fuerte expansión de la industria de la celulosa en Chile han tenido el mérito de generar una discusión que traspasa las fronteras del sector forestal y que plantea nuevamente el problema del desarrollo sustentable que queremos.

Los problemas ambientales y sociales generados por el crecimiento y expansión de estas grandes empresas han irrumpido en la sociedad chilena a raíz de la muerte y emigración de los cisnes de cuello negro del Santuario de la Naturaleza de Río Cruces en Valdivia provocadas por los efectos de los efluentes de la planta de celulosa de San José de la Mariquina, de las empresas Angelini. La prensa, el gobierno, las organizaciones empresariales y las organizaciones de la sociedad civil han entregado opiniones y declaraciones referidas más que nada a los aspectos puntuales visibles de la situación. Ello, a nuestro juicio, representa sólo la punta del témpano de un problema nacional mucho más profundo, la luz roja que nos avisa del peligro. Sin embargo, no ha habido la discusión ni los pronunciamientos con visión de futuro de la industria forestal y otras grandes empresas; y sus relaciones con el desarrollo sustentable del país.

Las decisiones de Angelini y Matte se han basado en la alta rentabilidad que genera la celulosa, no necesariamente por sí misma o por una gran gestión realizada por los grupos, sino que por una serie de causas que conviene recordar y discutir:

Debido al cierre de plantas de celulosa de los grandes productores de Europa y América del Norte se ha producido una restricción de la oferta y una expansión de la demanda que hace que la producción se desplace hacia los países del sur del Ecuador. ¿Por qué ocurre esto? Simplemente porque los grandes productores del sur, Chile, Malasia y Brasil tienen los costos más bajos del mercado mundial de celulosa, lo que les permite ser competitivos incluso cuando los precios están bajos. Las empresas dan argumentos técnicos para explicar esto, señalando que los costos son menores gracias al rápido crecimiento de las especies en nuestro país de clima templado y a que producen madera homogénea porque todos los árboles son iguales y no se requiere invertir más para producir como ocurre cuando hay mayor diversidad de la madera. Sin duda pueden ser argumentos que tienen validez en una perspectiva económica muy simplista, que no considera para nada los valores de la biodiversidad y de las diversas funciones ecológicas y sociales de los bosques.

Agregan otros argumentos técnicos como la cercanía de los bosques de los centros de procesamiento y de transporte, así como la multiplicidad de buenos puertos. Lo que no se dice es que toda la comunidad nacional ha financiado las plantaciones forestales a través del Decreto Ley 701, la infraestructura caminera, portuaria y de otros servicios, que es lo que realmente ha permitido los bajos costos de la industria forestal y el aumento de las utilidades

Lo que no se dice tampoco es que los bajos costos que permiten las enormes acumulaciones de ganancias, tienen su origen en los bajos ingresos de los trabajadores, causa principal de la enorme brecha existente entre ricos y pobres justamente en países como Brasil y Chile.

No se dice tampoco que las grandes utilidades de estas empresas no absorben los impactos sociales y ambientales de gran magnitud que producen. Estos impactos vienen siendo analizados desde los años 70 en la región del Maule y muestran claramente la pérdida de los terrenos agrícolas de los campesinos, la violenta interrupción del ciclo hidrológico que deja sin agua a ríos y otras fuentes vitales, y el éxodo de los campesinos a los pueblos donde forman cinturones de pobreza en medio de la opulencia de las empresas forestales. Hace ya bastante tiempo que en el mundo se han desarrollado y se aplican tecnologías para eliminar los impactos ambientales como malos olores, contaminación de las aguas y otros. De ninguna manera se justifican estas enormes inversiones y utilidades sin la adecuada inversión en la eliminación de los impactos ambientales y sociales negativos

Los impactos negativos de todo tipo de las plantaciones y de las industrias en Maule, Concepción, Malleco y Arauco son ya antiguos y conocidos y sólo escasas medidas para evitarlas han sido tomadas, quedando en evidencia, como lo demuestran hoy día los casos de la paralización de la planta de Valdivia y de la construcción de la de Itata, que las grandes empresas todavía operan generando altos grados de contaminación del aire y del agua.

El “éxito” obtenido ha impulsado a estas macroempresas a plantear una posible expansión ilimitada de la industria de celulosa, lo que significa la expansión en varios millones de hectáreas de las plantaciones forestales, aún a costa del bosque nativo degradado para abastecer a las nuevas plantas. Ya sabemos por la experiencia de más de 30 años y está dicho, lo que significaría esta iniciativa llevada a la acción. Sabemos lo que pasa con la gente, con el agua, con la fauna y la biodiversidad y con la calidad de vida para la mayoría, en general. Ya el problema no es sólo el de una planta de celulosa contaminante y destructora de vida, sino que es el modelo llevado a toda la nación. Por lo que hemos experimentado es claro que es tan fuerte el impacto de una planta de celulosa en una localidad y en una provincia, que la ciudadanía debe tener participación en la decisión de una inversión, mucha más allá de los espacios que ha creado la Ley de Bases del Medioambiente. Si la inversión afecta a prácticamente todo el país al expandirse las plantaciones para la creación de plantas de celulosa y plantas madereras a todo el territorio con características forestales, sin duda que la decisión debe ser tomada por toda la ciudadanía, de la mano con el gobierno que les pertenece

INVERSIONES Y DECISIONES DE TAL MAGNITUD NO PUEDEN REALIZARSE EN FUNCION DE LOS PLANES Y UTILIDADES DE LOS GRUPOS ECONOMICOS QUE LAS PROMUEVEN, SINO QUE EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LAS REGIONES Y DEL PAIS.

La AIFBN plantea la necesidad de iniciar a la brevedad una discusión nacional para analizar el futuro a la luz de los peligros que presenta un modelo de desarrollo como el planteado por los grandes empresarios de la celulosa, el papel y las plantaciones forestales. Proponemos que el Estado, a través de sus organismos competentes, inicie una amplia y participativa discusión sobre el desarrollo del sector forestal, como factor relevante de la economía, de la ecología, del paisaje y de la vida de los ciudadanos desde la VII hasta la XII regiones. Se propone que esta actividad se inicie con un trabajo previo de Ordenación Territorial que analice el uso actual y potencial de este territorio para planificar su uso futuro; y se sugiere que se solicite el apoyo de experiencias de otros países que ya han transitado el camino que Chile está recorriendo, como Finlandia y Suecia.

Publicada originalmente en la Revista Bosque Nativo

En el devenir histórico del concepto de pobreza, hasta hace dos décadas, cuando se hablaba de los pobres se hacía referencia a aquella parte de la población que no había logrado integrarse a la vida moderna debido a que las infraestructuras urbanas, productivas y de servicios no crecían lo suficientemente rápido como para absorber la masa social urbana que aumentaba aceleradamente por causas demográficas, migraciones del campo a la ciudad y otras. Los extremadamente pobres eran quienes no habían experimentado un desarrollo cultural y laboral como el requerido por el proceso social moderno, y constituían un cierto porcentaje de la sociedad que se aglomeraba en la periferia de las grandes ciudades.

En la actualidad se constata un empobrecimiento de la población y de los sistemas naturales y hasta un empobrecimiento biológico de la misma población. El concepto dominante de pobreza hasta ahora ha estado basado en la aproximación provista por el enfoque de las necesidades básicas, pero en la década pasada surgió un nuevo enfoque teórico de las necesidades humanas fundamentales a partir del cual ya no es posible hablar solamente de pobreza de subsistencia, si no que es necesario hablar de pobrezas de necesidades que pueden ser también de libertad, de afecto, de seguridad, de participación o de identidad, entre otras posibles. En relación a pobreza y el medio ambiente, aunque se encuentre concentrada y segregada territorialmente; y haya perdido gran parte de su potencial de lucha y acción, continúa presentándose como un peligro para el resto de la sociedad. Crea inseguridad ciudadana porque genera delincuencia. Para muchos, la acción delictual se presenta como el más fácil y accesible expediente para resolver los problemas de la subsistencia y para acceder a niveles de consumo a los que son excitados por la publicidad y los medios de comunicación de masas. Además, si bien las interacciones sistémicas entre pobreza y medio ambiente no parecen ofrecer dudas, hasta ahora no hay costumbre de tratar a estos temas en forma conjunta e integrada; por lo menos en Chile esto es así.

Rara vez encontramos un análisis de cómo los patrones y estilos que asumen las actividades humanas propias del proceso de “desarrollo” causan tanto pobreza como deterioro del medio ambiente. En Chile es posible comprobar que la pobreza actúa con frecuencia como causante del deterioro ambiental, tanto en el medio rural como en el urbano. Es posible constatar fácilmente cómo las mejores tierras han sido ocupadas históricamente por aquellos que poseen los medios y la tecnología para su explotación, rechazando a los más pobres que terminan por ocupar tierras de segunda categoría en las laderas de los cerros, históricamente cubiertos por bosques nativos.
Dada la baja productividad de los terrenos cubiertos con este recurso, la población pobre -obedeciendo a la ley del mercado y atenta a las ventajas comparativas propagandizadas por el modelo vigente- depreda los recursos naturales ante ofertas de compra de leña, metro ruma y otros para solventar sus necesidades básicas más apremiantes con tales ingresos. Luego vende los predios a precios atractivos a las industrias forestales para que sustituyan el bosque nativo con plantaciones exóticas como pino insigne y eucalipto, que generan una mayor renta privada para el mismo uso del recurso. Así, la expansión de las actividades forestales termina expulsando a las familias de las zonas rurales más pobres, engrosan la marginalidad urbana y a alterar todos los planes urbanísticos allí previstos.

Las áreas de Chile con mayor precariedad ambiental, posibles de señalar como áreas de mayor vulnerabilidad ambiental, son aquellas donde se encuentran principalmente concentrados los recursos naturales susceptibles de explotación intensiva para efectos de exportación. Chile puede exhibir una dinámica económica exitosa evidenciada por un crecimiento económico sostenido sobre la base de un dinámico sector exportador. Este se apoya directamente en la extracción de recursos naturales renovables y no renovables, que constituye el capital ecológico del país. Allí están nuestros minerales, particularmente de cobre, así como los recursos del mar, los bosques y los suelos fértiles que producen abundante fruta y vinos, todos para la exportación y consumo doméstico. Debería estar claro para todos que la potencialidad de este capital es limitada y su productividad dependerá de las prácticas más o menos adecuadas, desde el punto de vista ecológico, que se sigan para manejarlo.

En general el crecimiento económico del país, al hacer disponible una importante cantidad de infraestructura que contribuye a mejorar la calidad de vida (agua potable, alcantarillado, vías de comunicación expeditas, etc.), beneficia a toda la población en algunos aspectos. Sin embargo, también a nivel general, el crecimiento económico ha sido llevado a cabo teniendo tan poco cuidado con la realidad ecológico-ambiental que se han perdido, por ejemplo, miles de hectáreas de suelo fértil, han desaparecido especies de alto valor económico y ecológico y se ha contaminado a diestra y siniestra con grave perjuicio para la salud y la calidad de vida de la población presente y futura. Parece paradojal que mientras se constatan esfuerzos importantes por mejorar la calidad de vida de la población que resultan exitosos, simultáneamente se producen problemas ambientales y deterioros de la calidad de vida asociadas a los mismos procesos que tienen impactos positivos.

En Chile, utilizar sustentablemente la riqueza ambiental y proteger el medio ambiente del deterioro que sufre son procesos que no tienen ninguna prioridad, porque asumir estos procesos requiere ganar menos y obtener menos utilidades. Y la codicia de los grandes empresarios del país y de las transnacionales que ven en Chile un paraíso financiero no permite adoptar estos procesos. ¿Quién debiera velar entonces porque esto ocurriera? Es obvio, el Estado, el encargado de velar por el bien común. ¿Por qué no lo hace? Esta respuesta aparece como simple pero es bastante compleja, pero sin duda existe un contubernio entre poder político y económico que nos está llevando a todos a una crisis ambiental de la que, sin lugar a dudas, no se van a hacer cargo los que la provocaron.

En términos de manejo ambiental, es imprescindible el desarrollo en Chile de una política ambiental promotora a ultranza de la defensa de la calidad de vida de esta generación y de las venideras, entendida desde una rápida estructuración institucional a nivel estatal y de un marco legal transparente y participativo, con incentivos impositivos ambientales para las industrias y un sistema de monitoreo y de sanciones drásticas en casos de infracciones contra las leyes ambientales. Como elementos sustantivos de contenido debería apuntar a promover el ahorro de recursos y la diversificación, en particular energética, fomentar la educación ambiental y perseguir la creación de una cultura nacional ecológica y solidaria. Lograr esto último significaría que, frente a toda actividad propia del desarrollo, se tendrían presente desde el inicio los posibles impactos ambientales negativos y por lo tanto se podrían hacer los cambios y ajustes necesarios que permitieran prevenir la aparición de dichos impactos.

Es tiempo de generar un nuevo referente que enfrente esta realidad de manera decidida, el que debe fundir el conocimiento tradicional y el de la ciencia para proporcionar soluciones viables, convocando a investigadores y ecologistas, profesionales y técnicos, campesinos y ciudadanos urbanos, para establecer un cambio definitivo de este rumbo que lleva nuestra sociedad, desde el consumismo al bienestar, desde la lógica de la depredación de nuestro medio natural al de la interacción con nuestro entorno para satisfacer nuestras necesidades respetando los ritmos de nuestra madre Tierra. Quien diga que esto es imposible está condenado al fracaso.

Nota: Algunos textos obtenidos desde: SANCHEZ V. Y A. ELIZALDE. 1996. Pobreza y Medio Ambiente: el caso de Chile. En: Ernst R. Hajek (Comp.) Pobreza y Medio Ambiente en América Latina: 289-345. CIEDLA. Buenos Aires.

Este Modelo Forestal ha implicado la sustitución de las especies originarias y un cambio radical del paisaje, la existencia de conglomerados que acumulan riqueza, la creación de trabajo temporal y de mala calidad, el desplazamiento de las comunidades rurales y una larga lista de impactos. Son muchas más las externalidades negativas frente a los beneficios de este modelo.

Ejemplos, son algunos hechos que evidencian la insuficiencia de las políticas y estructuras institucionales asociadas al sector, como el “Caso Alerce”, conocido en 2004, cuando la opinión pública fue testigo de la existencia de una red política que amparaba la corta ilegal de esa especie, o los desastres ambientales provocados por plantas industriales, tal como sucedió con la mortandad de cisnes de cuello negro en Valdivia y la muerte masiva de peces en el río Mataquito.

Al mismo tiempo, nuestros bosques nativos han evidenciado un fuerte deterioro y disminución, producto de estas mismas políticas, que son consecuencia de la escasa valoración de este patrimonio.

Lo positivo: las exepciones a la regla

Sin embargo, en estos años ha habido cosas buenas. Afortunadamente, ya sea por el desarrollo de una incipiente conciencia ambiental, o por la necesidad de seguir tendencias mundiales, los temas ambientales han cobrado relevancia. Un ejemplo es la recientemente creación del Ministerio del Medio Ambiente.

En particular, el mundo forestal ve con buenos ojos la promulgación de la Ley de Bosque Nativo, que busca recuperar estos ecosistemas a través de su uso adecuado, otorgando incentivos económicos para ello.

Cosas pendientes

Pero la Concertación se van con deudas, ya que aún quedan temas pendientes.

En nuestro país existe un sistema del Estado que protege las áreas silvestres, y en el que algunos tipos de bosque se encuentran aún escasamente protegidos y se enfrentan a amenazas como su sustitución por cultivos de paltos, cítricos o viñas. Es urgente perfeccionar este medio, y que sea administrado por un organismo público competente.

En ese sentido, es urgente regularizar la situación de la CONAF, que es una corporación de derecho privado a la que leyes especiales le han dado potestad y funciones públicas. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sector forestal ha estado relegado a un pequeño rincón dentro del Ministerio de Agricultura. Es necesario, por tanto, crear una institucionalidad acorde con su envergadura.

El mayor desafío para el sector es lograr el “desarrollo sustentable” que no es otra cosa que el crecimiento económico sustentado en la equidad social, en el respeto por las culturas, tradiciones y el medio ambiente. Y el modelo forestal actual no apunta en ese sentido.

En el presente, cuando ya podemos ver las consecuencias del cambio climático y los costos sociales y ambientales del modelo forestal imperante, nuestros gobernantes deben ser capaces de reconocer la importancia de la conservación de los ecosistemas y, al momento de tomar decisiones, considerar todos los aspectos con igual preponderancia (los sociales, los culturales, los ambientales y los económicos), y plantear por fin estrategias y políticas de largo plazo acordes con las necesidades del país.

Fuente: El Ciudadano

El terremoto que nos golpeó fuertemente se ha transformado en una oportunidad para intentar, una vez más, de hacer las cosas bien. Hay poblados donde se cayó casi todo y donde debe volverse a levantar la vida. Esperemos que ahora sea bajo una planificación territorial adecuada, optimizando la gestión de los recursos, teniendo como foco la seguridad de las personas y aplicando las lecciones aprendidas.

Estos días se ha demostrado que entre los chilenos existe la ayuda desinteresada y que aún nos conmovemos con el sufrimiento ajeno. Sin duda, es la oportunidad para que los grandes empresarios demuestren su responsabilidad social, ya que si revisamos el desempeño de los grandes privados, todas tienen desarrollados programas de Responsabilidad Social Empresarial con medidas cuya efectividad puede ser discutible.

Hoy, las instituciones de la sociedad civil estimamos que los grandes empresarios están llamados a meter su mano al bolsillo y realizar aportes concretos para la reconstrucción de viviendas e infraestructura. Un ejemplo: Chile es un país cuya industria forestal es enorme, con grandes utilidades y que presume internacionalmente de sus exportaciones madereras. Por tanto, este es el minuto de aportar al menos una pequeña parte de la madera producida para levantar nuestro país, para construir viviendas de calidad y no cubículos endebles, para hacer una contribución que tenga un gran impacto positivo, evidente e inmediato.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
AIFBN

Valoramos el espíritu de colaboración de las autoridades para sacar adelante un proyecto de ley de gran importancia para el desempeño ambiental del país en los próximos años. Creemos, sin duda, que es la forma de legislar.

Sin embargo opinamos que los alcances del acuerdo no han sido favorables en su tratamiento con el sector forestal, dada la relevante participación que debería tener en cualquier discusión de política e institucionalidad ambiental.

La mención en el acuerdo a abordar con posterioridad a la promulgación de esta ley, los temas del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y la situación de Conaf (separándolos institucionalmente con toda seguridad), viene a consolidar en el debate legislativo una línea de argumentación en el sentido de que el mejor marco institucional para el sector ambiental es el que separa los objetivos de conservación y producción. Rechazamos este argumento, y nos parece de una simplicidad que no puede ser aceptada sin reflexión por parte de los parlamentarios. Sin embargo, dicha reflexión ha faltado y las inquietudes y planteamientos de un sector clave en la política ambiental como es el sector forestal, deben posponerse nuevamente por un sentido de urgencia en sacar esta ley.

La trayectoria ambiental de la Corporación Nacional Forestal merecía un tratamiento más profundo en la discusión de este proyecto de ley, y no dejarlo como un tema secundario a tratar con posterioridad. La tramitación legislativa de la ley de bosque nativo, ya había puesto evidencia la urgencia de modificar la naturaleza jurídica de la Corporación, sin embargo, el acuerdo va en el sentido contrario, aplazando esta modificación.

Asimismo, vemos con preocupación que la posterior discusión del rediseño institucional de la Corporación Nacional Forestal, pase por su fragmentación y debilitamiento; llegando finalmente a ser marginada de las temáticas relativas a la conservación del patrimonio natural del país, quitándole las atribuciones que tiene para administrar el SNASPE o el próximo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se cree en su reemplazo.

Por lo anterior, el acuerdo recientemente suscrito por los poderes del Estado no hace justicia al sector forestal, a sus instituciones y a la gravitante función que tienen para la conservación de la biodiversidad, de los recursos forestales y del patrimonio natural del país.

Inés Soto Higueras
Presidenta
Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo

Jaime Salas Arancibia
Presidente
Colegio de Ingenieros Forestales A.G

Nuestro país por fin cuenta con un instrumento cuyo objetivo es la protección, recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental tras largos 16 años de discusión en el parlamento convirtiéndose en una de las leyes de más larga tramitación en la historia legislativa de Chile.

En este sentido, queremos manifestar nuestro profundo malestar y preocupación frente a la tardanza que ha tenido la dictación de sus reglamentos, en particular de aquel que establece las actividades bonificables y las bases para postular a dicho beneficio, lo que ha impedido la entrega de las bonificaciones durante el presente año. El otorgamiento de estas bonificaciones es vital para que los propietarios de bosque nativo puedan aspirar a recuperar y manejar adecuadamente sus bosques.

Los afectados directos son principalmente los pequeños propietarios de este recurso renovable, quienes continúan haciendo uso de su patrimonio sin que exista un incentivo que permita su manejo en forma sustentable. La sociedad chilena en general también se ve afectada, considerando las múltiples funciones de los ecosistemas nativos como la producción de agua de consumo humano, protección de suelos, mantención de biodiversidad, conservación de culturas y tradiciones, entre otras.

Es un hecho que esta tan esperada ley no podrá ser implementada durante el presente año. Por ello, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo hace un llamado a la Presidenta de la República, a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Agricultura y a la Corporación Nacional Forestal a agilizar los trámites que permitan contar con los reglamentos que harán posible, finalmente, tomar el camino hacia el alcance de los objetivos planteados por la ley.

Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo
AIFBN

Más información:
Inés Soto Higuera
Presidenta AIFBN

Jennifer Romero
Coordinadora General AIFBN
Fono: 63 – 333235
www.bosquenativo.cl

La forma más equitativa que se visualiza para promover el desarrollo de una región, es a partir de la colaboración de todos sus actores. Todos estos, sin exclusión, deben concurrir con sus intereses, necesidades y demandas sobre el territorio donde están establecidos y sobre los demás actores que conviven en aquel, sin excluir tampoco ninguna de sus legítimas aspiraciones.

Esta es la base para comenzar a construir verdaderamente la democracia. A partir de la consideración de todos los ciudadanos de un territorio y de sus visiones por igual, se comienza el camino de la convivencia ciudadana, que con certeza no es fácil. Pero cuando se está frente a la posibilidad de manifestar a través del sufragio nuestra voluntad, nuestra visión de sociedad, nuestra aspiración de explorar en busca de una forma de relacionarnos entre los ciudadanos armónica, libre y solidaria, allí entonces es cuando la posibilidad de “cambiar el mundo” se torna en una realidad concreta, una realidad por construir, por cierto, pero absolutamente concreta.

Para nadie es desconocido en el día de hoy, que la situación de los recursos naturales, principalmente en cuanto a disponibilidad, accesibilidad y diversidad, está siendo permanente y diariamente, expuesta a actividades extractivistas que están lejos de considerar su reposición, recuperación y preocupación por dejarlos disponibles –al menos en la misma o mejor condición de calidad y cantidad- a las generaciones venideras. Todo esto en aras de un modelo económico que favorece esta lamentable situación, ya que se basa en el imperativo de la utilidad y del crecimiento, por tanto cortoplacista e insustentable.

Con la Ley de Protección de los Recursos Naturales Renovables y no Renovables se busca apoyar la armonización, la conciliación de los diversos intereses de la conservación de la diversidad biológica y del desarrollo económico. Esta Ley debe poner énfasis en la vinculación que existe entre la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales y la reducción de la pobreza., así como en el fortalecimiento de las capacidades humanas e institucionales del Estado. Esta Ley deberá facilitar, a través de sus reglamentos y disposiciones, los procesos de manejo conjunto en que deberán concurrir necesariamente todos los actores involucrados en la gestión de recursos naturales.

Como todos los procesos de manejo conjunto de los recursos naturales son invariablemente experimentales y las experiencias que vayan surgiendo deben ser adaptadas y amoldadas a distintas situaciones y entornos específicos, debe tenerse especial cuidado al momento de reglamentar esta Ley. En otras palabras, debe dejarse un amplio margen de diversidad de orientaciones, enfoques, métodos y herramientas de trabajo con la comunidad en este proceso.

Entenderemos como manejo conjunto o también co-manejo, como se le conoce en otros países “cualquier situación en la cual dos o más actores sociales negocian, definen y garantizan entre sí una forma justa de distribuir funciones, derechos y responsabilidades para un territorio, área o conjunto determinado de recursos naturales”.

La gobernanza local como elemento clave para alcanzar un desarrollo sustentable

Según el informe de la ONU denominado: “Examen de la eficacia del acuerdo internacional sobre los bosques“ (ONU, 2005 b), para mejorar los resultados en la gestión sustentable de los bosques (y esto es extensible a todos los recursos naturales), es necesario adecuar el marco político, institucional y legal, de tal manera que permita un actuar coherentemente sobre la base de principios de buena gobernanza. Esto, en la práctica significa considerar de manera prioritaria los intereses y derechos de los actores del desarrollo, en particular de las poblaciones locales cuyas condiciones de vida dependen de los bosques y los recursos naturales. En este sentido se debe trabajar decididamente para instaurar y fortalecer en los nuevos instrumentos de fomento forestal y conservación de la diversidad biológica, los vínculos intersectoriales con los actores, componentes y procesos políticos nacionales, y especialmente con aquellas estrategias destinadas a la reducción de la pobreza en zonas rurales y forestales.

Actualmente es de amplio consenso considerar que la participación activa de los actores del desarrollo local es un elemento fundamental para la formulación y el funcionamiento eficaz de los “sistemas de manejo sustentable”. Las organizaciones públicas y privadas deben trabajar estrechamente con los actores interesados en el proceso de planificación. Esto significa que a partir de criterios generales para el manejo forestal sustentable y la conservación de la diversidad biológica, las demandas de los diversos actores locales puedan ser incorporadas en la planificación.

La participación de los actores locales puede verificarse en los diferentes niveles y etapas de los procesos de planificación que se inicien, la cual se ve enriquecida con las múltiples ideas, posiciones y preocupaciones de los individuos y grupos, que representan los más distintos intereses de la sociedad. Entre estos deben estar: los propietarios de bosques y de predios ganaderos y agrícolas, los pueblos originarios, los sindicatos, las agrupaciones de consumidores, los gobiernos, las universidades, la industria, los científicos, los expertos técnicos, los organismos dedicados a la conservación y a la protección del medio ambiente, y otros organismos sociales interesados en la problemática forestal, ambiental, rural y diversidad biológica asociada.

(Ricardo Rodríguez Carreño es ingeniero forestal de la Gerencia Áreas Protegidas y Medio Ambiente del Departamento Diversidad Biológica de CONAF)

El  crecimiento del sector forestal, porque el concepto de desarrollo estrictamente no se cumple en éste, se ha producido no porque hayamos realizado una intensa investigación, sino que sólo porque nuestro maravilloso territorio ha permitido un veloz crecimiento de los pinos, y ahora de los eucaliptos. Si queremos transformar, o llevar este crecimiento a desarrollo, debemos corregir fuertemente los componentes sociales y ambientales, que son muy débiles en nuestro sector. Esta corrección incluye por supuesto, y especialmente, a los bosques  nativos, cuyo potencial ya es reconocido, y a pesar de eso están totalmente abandonados, incluyendo ese abandono a la enorme cantidad de personas que vive alrededor de ellos.

No hay ninguna consistencia entre la gran superficie de bosques nativos y la cantidad de investigación realizada en ellos. Son 3,5 millones de hectáreas en poder principalmente de pequeños propietarios que tienen escasas motivaciones para trabajarlos. Un primer y necesario incentivo debe ser la investigación para hacer silvicultura en ellos y evitar que sigan destruyéndose. La pérdida de bosques nativos ha sido enorme y sigue ocurriendo. Basta mencionar para tenerlo claro que hoy día el 95% de la materia prima forestal para la industria proviene de las plantaciones de especies exóticas y que hasta mediados del siglo pasado el 90% provenía de los bosques nativos.

Que la investigación es muy escasa se ve reflejado en la escasez de publicaciones y revistas y en su baja difusión, puesto que las publicaciones son producto de proyectos de investigación en general. La revista Bosque es la revista forestal número uno en Chile y una de las más importantes de América Latina, sin embargo no aparece entre las 180 mejores revistas forestales del mundo, y más aun, cada vez aparecen en ella menos publicaciones relacionadas con los bosques nativos.

Es relevante destacar que cuando hablamos de pérdida de bosques nativos y de falta de investigación en ellos estamos implicando los bienes y servicios que ellos producen o cuya producción hacen posible, entre otros,  madera,  leña, frutos, hongos, cortezas, hojas medicinales. Pero hay mucho más, algo tan vital como la regulación de las aguas, la mantención de microclimas y la regulación del balance oxígeno-anhídrido carbónico, el desarrollo de suelos y la mantención de las laderas y del hábitat para  animales y vegetales y su diversidad , y el desarrollo y mantención de un paisaje bello y armónico. Es enorme la posibilidad y, más aun, la necesidad, de realizar investigación en este vasto campo. Y a él se agrega mucho más aun;  diversificar los productos del bosque nativo y entregarles valor agregado es un aspecto importante, pero es de gran relevancia además, para que se cumplan bien las señaladas funciones de los bosques nativos armonizar el manejo y conservación de esos bosques con su  preservación en áreas protegidas y con un desarrollo de las plantaciones que considere su diversificación, cambios en los sistemas de cosecha que impliquen límites a las talas rasas y que se impidan paños continuos de monocultivos.

Lo más probable es que haya muchos profesionales en Chile que están preocupados de estos temas y que, de distintas maneras, estén trabajando en ellos. Es posible que frecuentemente no lo estén haciendo al alero de proyectos formales, lo que a veces puede inhibir la publicación en revistas para la investigación. Frente a esto es bueno recordar que lo importante es que lo que se hace en estos campos sea conocido y para esto debe ser publicado, y si no es posible en una revista científica, siempre está abierto el camino para publicar en revistas más abocadas a la difusión, como es Chile Forestal de la Corporación Nacional Forestal, o la revista Nativo de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. Y no debemos olvidar que una forma muy adecuada de hacer llegar los conocimientos a los usuarios, sin que se requieran proyectos específicos, es a través de pequeños libros o folletos, e incluso, cuando el material es suficiente, a través de libros de mayor extensión. Estoy seguro de que hay información y de que es sólo cuestión de atreverse y trabajar.

La codicia no tuvo límites. El oro y la plata fluyeron hacía Europa para seguir financiando los excesos de las monarquías y sus estúpidas guerras, mientras en América se perpetraba el genocidio más grande de la historia de la humanidad.

Dos siglos después, los indígenas latinoamericanos que sobrevivieron fueron mantenidos en una especie de “esclavitud” aceptada y bendecida por la Iglesia Católica, trabajando en las minas de oro y plata, o en otras actividades. Hacia fines del siglo XVIII Tupac Amaru, en las alturas de la actual Bolivia, fue el primero en dar una señal independentista. Muchos fueron los grupos indígenas que iniciaron o participaron en  movimientos independentistas en América Latina. Sin ellos, es altamente probable que la independencia no hubiese sido posible.

Lamentablemente, una vez que se formaron los estados latinoamericanos los pueblos indígenas quedaron en el olvido. Muchas veces incluso fueron traicionados y asesinados por sus mismos camaradas de armas una vez que se logró “expulsar” a los españoles, tal como ocurrió con los indios charrúas en el actual Uruguay.

En Chile, el pueblo mapuche ha sido un ejemplo de resistencia. Los españoles no pudieron con ellos durante casi 300 años, razón por la cual tuvo que ser el mismo Estado el que los “invadiera” y aniquilara en lo que se denominó eufemísticamente “la Pacificación de la Araucanía” a fines del siglo XIX. El ejército chileno venía de regreso después de haber peleado y ganado la guerra del pacífico, cuando fue enviado hacia la Araucanía. El ejército simplemente arrasó.

Entonces, cuando vemos la televisión y observamos a los campesinos mapuches lanzando piedras y manifestándose en contra de lo que han sido las políticas del Estado Chileno, no se puede más que solidarizar con ellos, porque justamente fue el Estado el que los invadió, asesinó, quitó tierras y luego marginó. Ha sido el mismo Estado Chileno el que posteriormente los aisló y prácticamente aniquiló durante la dictadura.
Ponerse en el lugar del otro a veces nos cuesta, pero nos parece que en este caso es mucho más fácil entender la molestia y la rabia contenida por estas comunidades. Es verdad que durante las últimas 2 décadas el Estado Chileno ha hecho esfuerzos en favor de las comunidades indígenas, devolviendo tierras y entregando subsidios, pero claramente han sido esfuerzos insuficientes y además altamente paternalistas.

La muerte del joven de 24 años Jaime Mendoza Collio nos hace reflexionar acerca de la violencia y la barbarie en contra de los pueblos indígenas. Esto no puede continuar. ¿Por qué no somos capaces de encontrar una mejor solución al problema?, ¿por qué no reconocer que el pueblo mapuche, así como el Rapa Nui y otros merecen una mayor autonomía en sus territorios?, ¿por qué no generar una política de recuperación cultural y territorial en serio que reconozca el derecho de estos pueblos a vivir en sus tierras? Creo que el Estado Chileno debe reconocer su responsabilidad y actuar en consecuencia.

Gran parte de la población chilena, entre los que me incluyo, somos de origen mestizo. Corre por nuestras venas sangre mapuche, huilliche o picunche, en buena medida somos “gente de la tierra”, de esta tierra, y debemos por tanto ser capaces de poner término de una vez por todas a la represión indígena. No se trata tampoco de ir y maltratar a otros, ya que la violencia engendra más violencia, sino que de plantear en todos los foros, en todas las instancias, a través de nuestro voto, de la manera que sea, propuestas que nos permitan convivir en paz con nuestros hermanos mapuches.

Si no hacemos nada, si sólo nos limitamos a ver por televisión lo que está ocurriendo a 200 kilómetros de nuestras narices, seremos co-responsables de lo que pueda pasar. En todo el mundo hay ejemplos de lo que ocurre cuando la opresión se impone a la comprensión. ETA es un buen ejemplo de aquello.

El primer paso me parece que es reconocer nuestra historia y aceptar que estas tierras ya tenían dueño antes de que llegaran los europeos. Desde ese punto debemos sentarnos a conversar y buscar soluciones a este problema que nos atañe y afecta a todos. ¡Que no se nos siga pasando el tiempo!

(1) Al menos 13 mil, tal como lo indican sitios arqueológicos como Monte Verde, en las inmediaciones de la ciudad de Puerto Montt, X Región.